En momentos como este aparecen en el debate público algunos temas que de “nuevos” no tienen nada pero que sin embargo vale la pena desmenuzar.
La promocionada frase “si entran 100 vamos a gastar 100, el resto se va a recortar” nos conduce de inmediato a aquellos análisis económicos que hablan de lo que se produce en nuestro país (remitiéndolo a los costos) para corregir y ajustar las variables con el supuesto fin de que las “cosas” funcionen armónica y eficientemente.
En el horizonte de estas perspectivas aparecen los salarios, el déficit fiscal, el valor de la logística, la infraestructura, la renta de la tierra, la paridad peso/dólar, el costo financiero, el precio de la energía, los recursos destinados a educación, vivienda, salud, seguridad, más otros conceptos que constituyen lo que se denomina genéricamente como “costo país”.
Y claro… ¡Hay que bajar el costo para ser más competitivos! Obvio chabón… ¿a quién se le puede ocurrir lo contrario?
Esta idea que machaca profundamente la conciencia social busca imponerse como parte de un hipotético “sentido común”: es lo más lógico.
Pareciera natural entonces que “reducir el costo” es lo central que hay que hacer para que los números cierren, tengan lógica y, finalmente, con el esfuerzo de toda la población, se arribe a la eficiencia con la cual nuestros productos ganen competitividad y puedan venderse en el mercado mundial, siendo más baratos y accesibles para todas y todos.
Y así, no sólo el pueblo compraría más y mejor, sino que también venderemos al mundo el producto nacional generando el tan ansiado ingreso de dólares para el país y el famoso derrame de riquezas por doquier. Alicia en el país de las maravillas…
Sin ánimo de ser tediosos, te proponemos ver críticamente el concepto de costo.
Cuando te hablan de costo, y de reducir el costo, se refieren a reducir todo lo que no constituye ganancia. Dentro de ello están los salarios… Ergo: lo que hay que bajar es el ingreso de todos los que habitamos este país para lograr un beneficio para el país. (Emoji con carita de duda…)
Inmediatamente cabe preguntarnos entonces ¿Para quién y para qué se produce? ¿Con qué objetivo existe toda la fuerza productiva de nuestro país compuesta por millones de trabajadoras y trabajadores, miles de fábricas, vías de transporte, recursos energéticos y de todo tipo, logística para la distribución, etc.?
Si toda esa fuerza productiva no sirve para satisfacer las necesidades de la población argentina, las aspiraciones de desarrollo y bienestar propio y de las próximas generaciones… ¿Para qué carajo sirve? ¿Por qué lo necesario para la vida de esa fuerza productiva creadora de todo lo existente (población laboriosa) hoy o ayer (jubilados y pensionados) constituye un costo que hay que reducir?
En una palabra: reduciendo ingresos, medios de vida, derechos y perspectivas de desarrollo para la gran mayoría social y las generaciones venideras, hay un beneficio que (evidentemente) disfrutan otros.
No hay “reducción de costos” para beneficio de la población. Sino para una pequeña franja que vive de la explotación ajena, los dueños de los medios y de toda la producción; sumado por supuesto a sus serviles gobernantes y funcionarios que (más allá de los discursos) seguirán sosteniendo el Estado y todas sus instituciones al servicio de esos mecanismos de producción capitalista cada vez más concentrada.
En la organización capitalista de la producción para la acumulación y concentración del capital, las y los trabajadores somos el medio para tal fin y no el fin de tales medios.
Por eso los recursos que se destinan a los ingresos de la población, jubilaciones y pensiones, el sostenimiento de la salud, la educación, las posibilidades de vivienda, la infraestructura, la investigación o el desarrollo, etc., (o sea, todo lo que hemos conquistado en años para ir paliando este oprobio) es el costo que hay que reducir para sostener las ganancias de uno pocos.
Y hacia ese objetivo, el nuevo gobierno de la burguesía – como lo hicieron todos los gobiernos anteriores- intentará destinar sus resoluciones políticas, ya sea con leyes, reglamentaciones o decretos. Buscarán incrementar la productividad del trabajo y eliminar conquistas laborales y derechos políticos; avanzar sobre conquistas sociales y disciplinar a las mayorías.
Que puedan o no avanzar en ello estará totalmente sujeto a la lucha de clases, como siempre ha sido.
El camino de la burguesía puede ser totalmente irracional.
La racionalidad de una vida digna es otra cosa muy distinta.