Luego del palazo recibido anteayer con la vuelta a foja cero de la llamada Ley ómnibus (que parecía que terminaba en Ley Combi pero ni llegó a carrito de rulemanes), el presidente Javier Milei se debate entre una especie de viaje místico al Muro de los Lamentos y un nenito caprichoso soberbio y enojado porque no se hace lo que él quiere.
Creyéndose una especie de “nuevo Moises” que castiga al pueblo hebreo cuando se porta mal, arremete ahora en contra de gobernadores y diputados “díscolos” (la misma “casta” con la que había negociado minutos antes) porque no se rindieron ante su voluntad sin discutir lo que él decía, todo por gracia del Todopoderoso. En fin…
En esa línea amenaza con tirar por la ventana una serie de funcionarios nombrados por él mismo hace escasas semanas atrás para congraciar a los gobernadores, pero ahora devenidos en sus nuevos “enemigos” que no lo dejan hacer feliz al pueblo.
Osvaldo Giordano (titular de Anses, esposo de la diputada por Córdoba de Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres); la secretaria de Minería, Flavia Royón (que integra las filas del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz); el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta (ligados al gobernador Martin Llaryora); y Fabián López y Luis Giovine (actualmente bajo el ala de Luis Caputo, pero que fueron funcionarios en Córdoba); forman parte de esta nueva lista negra que no sabemos dónde termina hasta que el presidente Milei y Karina vuelvan de ver al Papa y lo consulten con Conan.
Semejante crisis política movería a risa si no fuera porque detrás de todo este descalabro en las instituciones de la burguesía tiene consecuencias funestas para la clase obrera y el pueblo oprimido, en una especie de ensañamiento sin cuartel en contra de nuestras condiciones de vida.
A la angustia que ya se vive porque lo que percibimos como salario no alcanza para nada, con los precios por la nubes y casi sin saber cuánto cuestan los productos que necesitamos para sobrevivir, se le suma (como parte de esta disputa entre burgueses) el anuncio del gobierno de desregular las tarifas del transporte público y la eliminación del «Fondo Compensador del Interior». Se elimina así la asistencia del Estado Nacional a las empresas del resto del país, sumado a la reducción de subsidios destinados a las empresas de transporte del AMBA (algo que ya tuvo efecto con aumentos del 250%, que llevaron la tarifa mínima a $270).
Ya comenzamos a ver hombres y mujeres de nuestro pueblo que cuando apoyan la tarjeta SUBE en el colectivo ven que no pueden pagar el importe ni con la cobertura del saldo y se terminan bajando porque no pueden pagar el boleto…
Este y otros tantos ejemplos son una muestra más de esta especie de toma y daca al que millones estamos sometidos, pagando con nuestro cuero una crisis política sin precedentes que nos tiene como rehenes pagando un costo altísimo, ni más ni menos que con nuestra dignidad.
Porque los que hasta hace poco dejaron el gobierno pretenden lavarse las manos como si ellos no tuvieran nada que ver hasta dónde nos han empujado (escondiendo la cabeza bajo la tierra como el avestruz). Y frente a los ojos del pueblo no tienen ni la más mínima autoridad para presentarse como “alternativa” frente a un gobierno débil que naufraga en un barco a la deriva al compás de su propia crisis y –fundamentalmente- de una lucha de clases que –de forma incipiente todavía- va mostrando síntomas de una resistencia cada vez más activa.
Frente a algunos despidos y suspensiones en la gran industria (que tienen por objetivo disciplinar y extorsionar a la clase obrera); y otros en algunas dependencias del ámbito estatal que tienen por objetivo amedrentar a las y los trabajadores públicos, comienzan a aparecer manifestaciones concretas desde las bases en defensa de sus ingresos y de sus puestos de trabajo.
En este contexto hay que tener bien en claro que todo esto no es un problema de que “no hay plata” en las empresas o el Estado sino un ataque político contra los trabajadores como respuesta a la resistencia que se está ejerciendo en los puestos de trabajo y a la señal de alarma que significó para la burguesía la reciente manifestación del 24 de enero, donde varias burocracias quedaron pataleando en el aire.
Las amenazas de despido no sólo apuntan a continuar ajustando el salario y a terminar de vaciar la salud y la escuela pública, sino también a seguir entregando nuestros recursos naturales a manos de grandes corporaciones monopólicas.
Por eso no nos cansaremos de decir que este problema que afrontamos como clase y como pueblo sólo podremos resolverlo con más lucha política desde las bases sin confiar un ápice en ninguno de los que nos han empujado hasta acá.
Más y mejor organización desde abajo, impulsando y haciéndonos fuertes en las asambleas por sector, luchando por nuestros salarios y por nuestras condiciones de trabajo, y con la firme decisión que así no podemos seguir viviendo más.