El artículo 161 de la Ley Base que se discute hoy en el Senado prevé la creación del RIGI (Registro de Incentivo para Grandes Inversiones). Describiremos sintéticamente de qué se trata este punto:
El mismo está destinado a proyectos de empresas que inviertan una suma no inferior a US$ 200 millones. Dichos proyectos se declararán de Interés Nacional. Con ello se los insertas en un plano comprendido en la Constitución Nacional, estableciéndose que “cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación.”
Para llevar adelante cada proyecto denominado VPU la empresa debe inscribirse en el RIGI y cumplir con los requisitos y reglamentación dispuesta en el RIGI para que sea aprobado. La autoridad nacional, provincial o municipal tiene 45 días para aprobar o rechazar el proyecto (VPU) y el incumplimiento de dicho plazo la hace pasible de controversia e ineludible responsabilidad.
Una vez aprobado el proyecto, la empresa contará con un certificado que la acreditará para gozar de los beneficios del RIGI. Dicho certificado tendrá validez ante la AFIP y la autoridad competente en materia cambiaria (BCRA).
Los enormes beneficios que tienen una duración de 30 años se describen seguidamente: En materia aduanera:
Se les descuenta un 20% las liquidaciones por exportaciones durante el primer año (de 100 que vendieron deben liquidar 80).
Luego de transcurridos dos años, se dicho porcentaje pasa a ser 40%.
Luego de transcurridos tres años, dicho porcentaje se eleva a 100% (no se les obliga a liquidar nada de lo que exportaron).
Tampoco estarán obligadas a liquidar contravalores correspondientes a préstamos o servicios y/o aportes de capital, vinculados al proyecto (VPU) que se está ejecutando.
Además, las empresas no están obligadas a comercializar sus productos en el mercado interno y no tendrán ningún tipo de restricciones para la exportación de los mismos.
Sus activos e inversiones no podrán ser objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional o de jurisdicciones locales o extranjeras.
En materia impositiva:
Los proyectos (PVU) contarán con rebajas del impuesto a las ganancias, la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, descuento de bienes personales para sus titulare a cuenta de ganancias, y la exención de cualquier impuesto provincial o municipal.
La estabilidad normativa de los proyectos (VPU), incluyen los aspectos tributario, aduanero y cambiario, y los mismos no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente Ley de Bases durante 30 años.
En caso de litigio, las empresas podrán elegir árbitro entre:
- El reglamento de la CPA del 2012
- El reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
- El Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (CIADI). Este último es un organismo del Banco Mundial con sede en Washington.
- En pocas palabras, un regalo patrimonial y de esfuerzo de trabajadores y pueblo argentino a los grandes monopolios transnacionales. ¡Negocio redondo!
Comparemos ahora con lo que se otorga por la misma Ley Base en discusión parlamentaria a los trabajadores y al pueblo oprimido:
Leyes laborales profundamente regresivas (ver nota del 28-04-2024 en esta misma página)
Mientras se baja el impuesto a los Bienes Personales que pagan las 120 mil personas más ricas del país, se reinstala la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que impacta sobre los salarios de 1,1 millón de trabajadoras y trabajadores.
Se promueve, además, la tercerización laboral, que las embarazadas trabajen hasta 10 días antes del parto, permite pagar por un delito como es habilitar el despido por discriminación a cambio de una multa, ataca a las y los jubilados presentes y futuros, habilita las privatizaciones de empresas estatales estratégicas y la entrega de los recursos naturales al capital monopolista y legaliza un blanqueo de capitales que sólo favorece el lavado de dinero proveniente de negocios ilegales.
El resultado de esto no es otra cosa que mayor explotación para la clase obrera y trabajadores en general, una intensificación en la concentración de capitales y quiebras de pequeñas industrias y negocios, con la consecuente profundización de la pobreza.
Por todas estas razones, es que es necesario pelear y derrotar el plan del gobierno.