En estos momentos la Cámara de Diputados le está dando media sanción al proyecto de ley que avala el plan de ajuste acordado con el FMI. Al margen de las intrigas parlamentarias y las internas, donde en el fondo lo que está en juego es que nadie se quiere hacer cargo del ajuste, en esta nota nos proponemos analizar algunos rasgos del acuerdo firmado con el FMI.
En primer lugar vale aclarar que nuestra organización no considera que el futuro del país esté sujeto al acuerdo con el Fondo, que haya en juego temas de “soberanía” ni nada por el estilo. Nuestra posición al respecto ya la hemos desarrollado en otros artículos.[1] El acuerdo con el FMI simplemente formaliza una política económica de ajuste y beneficio sobre sectores exportadores que ya se venía llevando a cabo. En otras palabras, gracias al ajuste que el gobierno ya viene aplicando, es que se llega al acuerdo; el acuerdo no es un “punto de partida” sino un paso más en el plan de ajuste en marcha.
Dicho esto, vayamos a la letra chica.
Objetivos macroeconómicos
Como ya hemos analizado anteriormente,[2] el acuerdo en realidad consiste en prorratear el default hacia el 2024 o 2026, cuando se van a juntar enormes vencimientos de deuda externa, que deberá afrontar un próximo gobierno. Mientras tanto se realiza un acuerdo de facilidades extendidas a 30 meses, donde el FMI le presta plata a la Argentina para que la Argentina le pague deudas al FMI… una bicicleta que solo suma más deuda, puesto que acumula la tasa de interés del préstamo anterior, con el nuevo.
El plan de trabajo presentado está elaborado sobre la base de un crecimiento real del PBI de entre el 3,5-4,5% para 2022, con una inflación para este año de entre el 38% y el 48%, y una disminución del déficit fiscal del 3,0% en 2021 al 0,9% en 2024. De por sí, estos objetivos son utópicos, considerando no solo la inflación 2021 (50,7%), sino también el contexto inflacionario mundial. Recordemos que el dólar, antes de la guerra en Ucrania, ya tenía una inflación anual del 7%, los precios de la energía se dispararon (el barril de petróleo se fue de los US$ 100 promedio a más de US$ 140), así como el de otras materias primas: metales como el níquel aumentaron un 240% solo esta semana. De la misma manera aumentos muy importantes se presencia en distintos cereales, como la harina de trigo (37,74%), el maíz (22,21%) o la soja (10,5%). La meta del acuerdo ya fracasó.
¿Cómo se plantean cumplir estos objetivos?
Todo el plan consiste en incentivar las exportaciones de los sectores agroexportadores, automotriz, minero, hidrocarburos y los denominados servicios de “economía del conocimiento”. Para incentivar estas exportaciones se proponen otorgar mayores exenciones impositivas. Para ello se busca impulsar un paquete de leyes que garanticen la continuidad de tales exenciones –“previsibilidad fiscal” le llaman ellos-. La realidad es que el gobierno ya las viene impulsando hace rato, y el problema de pasar por el Congreso el acuerdo con el FMI viene a constituir justamente una garantía de que las partes se van a poner las pilas en tratar dichas leyes. Para el sector de servicios Guzmán ya había firmado un decreto (1034/2020) que las eximía de retenciones. Las exenciones a la industria automotriz ya están siendo aplicadas, quizás quieran darle un marco legal de mayor continuidad.[3] Queda pendiente la Ley de Hidrocarburos y la del complejo agroindustrial, ambas consistentes en paquetes de subsidios y exenciones impositivas a largo plazo. Además, casi al final del documento, se coló una ley por la ventana: con la excusa de “mitigar los efectos del cambio climático” se anuncia que en 2022 se votará una ley para facilitar la producción de hidrógeno. Cabe destacar que nuestro país no ha generado una infraestructura interna para abastecerse de energía mediante hidrógeno, por lo cual se deduce que se trata de un mercado más de exportación.
Que el sector hidrocarburífero aparezca como parte de los objetivos de exportación no es un dato menor, puesto que tira por la borda todo ese verso de la soberanía energética: tanto los proyectos de explotación offshore en la Costa Atlántica, como los fuertes beneficios a Vaca Muerta, tiene por objetivo generar un saldo exportable. Por eso también se sigue apostando a la producción de hidrocarburos por sobre otras fuentes de energía. Qué cuál es más verde es un debate que no nos interesa desarrollar aquí, pero el objetivo en el fondo es este. En el mismo sentido, al tratar específicamente el problema energético, el acuerdo plantea políticas para incrementar la capacidad de producir gas natural licuado (GNL), que es la forma de transportar el gas por vía marítima, y consiste una de las disputas económicas más importantes entre capitales asentados en Rusia con el proyecto Nord Stream 2 y capitales productores de GNL, nucleados en este caso en torno a Estados Unidos. Sí, de la “soberanía energética” pasamos a la disputa intermonopolista mundial.
¿Cómo pretenden realizar estas reducciones impositivas y subsidios? ¿De dónde sale la plata para eso?
Es que el plan de ajuste no es “ahorrar plata para pagarle al Fondo”, sino más bien brindar garantías al gran capital, y a cambio el Fondo otorga una prórroga. El verdadero objetivo del FMI no es cobrar, sino abrir mejores condiciones de explotación en Argentina, algo que por cierto no difiere del propio objetivo del gobierno de turno… ni del anterior.
Entonces, si el objetivo es reducir impuestos, cae la recaudación fiscal, por lo tanto, es necesario ajustar todavía más el gasto público ¿cómo se plantean reducir el gasto público?
El plan de ajuste lo podemos resumir de la siguiente manera:
- Ajustes en licitaciones de obra pública, empresas y organismos estatales, y financiamiento a las provincias. Esto implica un mayor control de fondos, que irá acompañado de la modificación en el control de las estadísticas que lleva el Ministerio de Economía. En la práctica genera problemas de caudillismo político con los gobernadores.
- Disminuir la emisión monetaria mediante el fortalecimiento del mercado financiero en pesos (emisión de nueva deuda) y obtención de nuevo financiamiento externo, desde entidades ajenas al FMI (más deuda externa).
- Transferencia de los planes Potenciar Trabajo para que sean directamente percibidos por los empleadores.
- Implementación de subsidios al sector de servicios de tecnología mediante la capacitación de personal a través del plan Argentina Programa.
- Ajuste del salario estatal, pensiones y jubilaciones, de acuerdo al crecimiento económico efectivo (es decir, a la evolución del PBI). Esto significa que la vida de millones de estatales, jubilados y pensionados queda sujeta a la fortuna de los negocios capitalistas. Según el calendario de trabajo, el plan de ajuste sobre estos sectores del pueblo será presentado en diciembre del 2022, ya a las puertas de las próximas elecciones presidenciales del año 2023. Allí se menciona literalmente que van a presentar un “estudio con opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y sostenibilidad de largo plazo del sistema de pensiones, enfocado en el régimen especial de pensiones y en los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral”. De este párrafo se deduce lo siguiente: primero que pretenden apuntar específicamente contra las jubilaciones de regímenes especiales. Se trata de aquellas que aplican el 82% móvil tales como docentes y personal científico técnico; segundo, que planean aumentar la edad jubilatoria. Esta última medida la quieren disfrazar como una prolongación “optativa” de la edad laboral. En la práctica, la disminución del valor de las jubilaciones va a empujar a millones de trabajadores y trabajadoras por “optar” esta prolongación hasta tornarla obligatoria de hecho, ya sea por cuestiones administrativas, o de necesidad económica. Es algo que ya sucede, por ejemplo, entre los trabajadores rurales en nuestro país.
Cabe destacar que todas estas medidas de ajuste ya han sido avaladas por las principales cabezas de las corporaciones sindicales. Por ejemplo, Andrés Rodríguez (UPCN) salió a apoyar la medida de reforma previsional.[4] Además el Estado salió al rescate de 237 obras sociales con $ 2.500 millones para cancelar deudas[5]. En el ámbito estatal, como premio por las paritarias firmadas a la baja y como incentivo para mantener esa política en sintonía con este plan económico, se le otorgó a los sindicatos el beneficio de la “cuota solidaria”, es decir, el descuento compulsivo sobre trabajadores no afiliados correspondiente al 1% del salario.
- Las medidas acordadas para el sector energético son varias:
- Aumento del precio del gas y la electricidad en un 28% a partir del 1 de marzo para los consumidores residenciales y un 42% para no residenciales.
- Implementación de un nuevo esquema tarifario elaborado en base al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el INDEC. El mecanismo es el siguiente: para quienes perciban tarifa social, el % de aumento se calcula como el 40% del CVS, y para quienes no perciban tarifa social, será del 80%. Esto quiere decir que, por ejemplo, con un coeficiente anual del 56,5% (valor correspondiente a enero-diciembre del 2021) el aumento de la energía para el residente que no percibe tarifa social será del 45,2%. Desde ya hay que considerar que el CVS es un índice elaborado por el propio INDEC que por lo tanto tiene libertad de manipular las estadísticas: de hecho, muy pocos son los gremios que han percibido aumentos salariales del 56,5% este año, y así y todo, ese porcentaje representa un aumento que se produce de manera anual y queda desfasado de la inflación, que crece mes a mes. En otras palabras, la masa salarial anual que percibe un trabajador siempre resulta menor al índice elaborado por la entidad estatal.
- Cabe resaltar que esta medida no quitará los subsidios a la energía, sino que los morigerará, de ninguna manera las grandes empresas del sector van a renunciar a su cuota de ganancia: por lo tanto, los subsidios que se otorgan a través del Plan Gas, entre otros, seguirán vigentes.
- Por otro lado, al 10% de los consumidores de mayor poder adquisitivo se le quitarán completamente los subsidios. Pero… el plan del FMI contempla que esa medida se tome de manera posterior al cambio tarifario general. Para ello se convocará a una audiencia pública el 1 de junio para discutir el tema. O sea que el cambio tarifario general, que afecta a todo el pueblo trabajador, no se discute, pero el ajuste sobre los sectores más ricos, sí.
- Como plan a mediano plazo -que sería presentado en septiembre de este año- se plantea la inversión pública en generación y distribución de energía para reducir costos (más subsidios), así como expandir la capacidad productiva de GNL (que en realidad es gas de exportación y solo colabora en dolarizar el valor de la energía). Además, se plantea el volver a equiparar los precios del mercado interno de hidrocarburos al mercado internacional. La última experiencia de esto terminó en un rápido vaciamiento de las reservas de Repsol-YPF, lo que llevó al país a la crisis energética que estalló en 2011, cuando Argentina pasó bruscamente de ser exportador de crudo, a importador.
Como vemos, las medidas que anuncia el acuerdo no son otra cosa que una continuidad del ajuste que ya se venía ejecutando de hecho. Gracias a que el gobierno del Frente de Todos hizo bien la tarea en profundizar la pauperización del pueblo trabajador, el FMI le responde con una formalización del acuerdo que patea el default para adelante, al tiempo que le encomienda como tarea para el hogar, el profundizar la explotación para beneficiar a la burguesía. La salida a este problema no radica en discutir los puntos del acuerdo, tampoco en administrar mejor la deuda; ni siquiera en administrar mejor la crisis capitalista, sino en quebrar el ajuste y los planes de productividad en cada empresa, desde cada sector de trabajo; y en salir golpear la producción para evitar que consigan formalizar cada uno de estos puntos propuestos. Al ajuste acordado con el FMI, con el gran capital y los sindicatos, no se le gana en el congreso, ni denunciando una votación: se le gana golpeando en la calle y a la producción.
[1] https://prtarg.com.ar/2022/01/25/acuerdo-con-el-fmi-la-cuestion-del-estado-y-las-clases-sociales/ y https://prtarg.com.ar/2021/12/09/sobre-el-problema-del-fmi/
[2] https://prtarg.com.ar/2022/01/29/acuerdo-con-el-fmi-formalizacion-del-ajuste-y-anuncio-de-su-profundizacion/
[3] Varias de las medidas tomadas en todos estos sentidos son enumeradas en El Combatiente número 1133. Disponible en: https://prtarg.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/EC-1133-Color-A4.pdf
[4] https://www.lanacion.com.ar/politica/la-cgt-le-abre-la-puerta-a-un-posible-cambio-en-la-edad-jubilatoria-nid05032022/
[5] https://www.infogremiales.com.ar/salud-otorga-2-500-millones-a-237-obras-sociales-para-cancelar-pagos-a-proveedores-y-descomprime-reclamos-cegetistas/