El discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa trajo como novedad el llamado a un pacto, denominado pomposamente Pacto de Mayo, por el cual se le propone al resto de las facciones burguesas una serie de puntos a acordar, con el fin de unificar detrás de sí a una clase burguesa que está envuelta en una de las mayores crisis política que se tenga memoria en los últimos 40 años de democracia burguesa.
Esas iniciativas implican acuerdos de orden político y/o económico con el fin último de alinear a la clase en el poder. Los pactos marcarían el rumbo que alguno de esos sectores quiere imponerle al resto y así garantizar, en apariencia, los intereses de toda la burguesía, al mismo tiempo que se ata el destino de las grandes mayorías a los mismos.
Recurriendo a la historia reciente podemos mencionar el Gran Acuerdo Nacional (en 1971), impulsado por la dictadura de Lanusse, que perseguía acordar una salida electoral en la que el peronismo se viera condicionado. O el Pacto Social de 1974 por el cual el gobierno de Perón impulsó un plan de estabilización económica.
Así es que Milei, poniéndose por un rato el traje de “estadista”, recrea el llamado a un pacto, en el medio de una situación de atomización y división de las facciones de la burguesía que en las últimas semanas había llegado a niveles de enfrentamiento muy agudos.
El presidente, y la facción que hoy lo respalda, le hablaron al resto de su clase para dar una señal, principalmente, de gobernabilidad. Ese es el rasgo distintivo del llamado a este nuevo pacto: la necesidad de la burguesía monopolista de aquietar las aguas y “ponerse de acuerdo” para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política de su institucionalidad.
Al ser éste el objetivo central del llamado al pacto, sumado a la división imperante en el seno de la burguesía como marcamos más arriba, debemos decir que la iniciativa está pensada para el corto plazo, Más allá de los 10 puntos que Milei expuso para acordar, el objetivo inmediato de su iniciativa es mostrar capacidad de gobierno, un gobierno que no cuenta ni con estructura política, ni cuadros técnicos para cubrir áreas del Estado, que no ha avanzado en ampliar su base de sustentación político-institucional y que asomaba como un gobierno dispuesto a gobernar por decreto.
Ni las posturas rupturistas, ni las redes sociales, ni las invocaciones de citas bíblicas, alcanzan para sostener a un gobierno que, además de estar atravesado por la profunda crisis de su clase, está llevando adelante un feroz ajuste sobre las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías populares.
Ese era, en realidad, el reclamo de los gobernadores que, ya en su gran mayoría y presurosamente, salieron a aceptar el convite presidencial. Los gobiernos provinciales deben garantizar su gobernabilidad, además que detrás de cada uno de ellos están los intereses de sectores monopolistas que se han visto afectados por las iniciativas del gobierno nacional.
Ahora será ocasión de ver a estos representantes burgueses sentados alrededor de una mesa, pactando como caballeros, cuando en realidad cada quien estará más preocupado por descubrir de dónde vendrá la puñalada trapera que lo deje en condiciones desfavorables ante sus competidores.
Dicho esto, debemos señalar que sí hay un punto que unifica a toda la burguesía. Además de los 10 puntos dados a conocer (en los que figuran la reforma laboral, previsional y tributaria de la que hace ya bastante tiempo se viene hablando, temas que la burguesía monopolista, con matices más o menos, pero está de acuerdo en impulsar), la cuestión de la productividad del trabajo es una cuestión central que determina la consolidación o no de cualquier plan de la clase dominante.
Las condiciones que impone la profunda crisis del capitalismo a nivel mundial provocan la imperiosa necesidad de garantizar mayor extracción de plusvalía en menos tiempo y con menos utilización de mano de obra. La burguesía puede ajustar las cuentas públicas, achicar los déficits de su Estado, seguir deteriorando la educación y la salud públicas, pero ello no es suficiente para amortiguar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
Para ello deben reducir la masa salarial para aumentar relativamente la plusvalía con relación a la masa de capital constante, a la par de aumentar ritmos de producción de las mercancías. Todo esto es contradictorio en sí mismo: bajar la masa salarial y bajar el capital constante, aumenta la cuota de ganancia, pero disminuye las ganancias. Por lo que les resulta indispensable someter y disciplinar política e ideológicamente a la clase obrera industrial.
Ese es el corazón del plan de la burguesía monopolista, aquí y en el mundo. Allí radica la posibilidad de poder estabilizar política y económicamente sus planes de explotación y opresión a la clase obrera y el resto de los sectores populares.
Por lo dicho, está claro que la burguesía puede tener todas las contradicciones propias de su carácter de clase y la competencia inter monopolista, pero el nuevo pacto (como sucedió con otros), sólo podrá ser quebrado por abajo, en un proceso de lucha de clases en el que la clase obrera avance en su intervención política en dicha lucha como factor de unidad con el resto de los sectores explotados y oprimidos.
Quebrar el plan del gobierno sigue siendo el objetivo táctico inmediato que nuestro Partido levanta. Haciendo centro en la clase obrera, en la organización de base, independiente de cualquier variante de las fuerzas políticas y sociales de la burguesía, y alentando toda iniciativa política que aporte a minar las bases de sustentación del plan del gobierno y que tenga como eje central la participación efectiva de las masas y no de los aparatos políticos y/o sindicales. Impedir la consolidación del gobierno, el avance de sus planes, hacer fracasar cualquier pacto que atente contra nuestras condiciones de vida y de trabajo, requiere de una amplia unidad con un carácter clasista, poniendo por delante los intereses y la intervención efectivas de las masas obreras y populares. Intervención que es imposible reemplazar si lo que se persigue es la lucha revolucionaria consecuente y no ser furgón de cola de las variantes burguesas.
La derrota del plan requiere de fortalecer el movimiento de luchas desde una perspectiva de independencia política y orgánica de los partidos del sistema, de sus políticas populistas y reformistas que apuntan a que el movimiento de masas siga esclavo de la institucionalidad burguesa. Para ello, debemos poner todo el esfuerzo en la organización por abajo y desmantelar cualquier atisbo de esperanza y expectativa en las fuerzas que llaman a la conciliación de clases, a respetar al sistema, a encarrilar la lucha por el camino sin salida de las instituciones del poder dominante.
Debemos seguir instalando en cada puesto de trabajo, de estudio, de vivienda, este camino de independencia política como el camino que nos hará avanzar, también, en la construcción de una alternativa revolucionaria y de lucha por el poder.